Miguel Ángel Pérez PirelaHay que repetirlo: en Venezuela vivimos en una dictadura mediática de las empresas privadas de la comunicación que atacan a todo aquel que ose tocar sus intereses y el de sus protegidos.
En los últimos tiempos una singular simbiosis se ha venido dando entre un grupúsculo oligopólico de científicos reaccionarios y las empresas privadas de comunicación. Alianza que, no cabe duda es histórica, y se devela como nunca antes de frente el pavor, por parte de las aristocracias científicas de nuestro país, a que se toquen esos privilegios que en el pasado los catapultaban como ciudadanos más importantes que otros.
Se trata de algunos venezolanos que se piensan ciudadanos al cuadrado y que desgraciadamente han monopolizado y capitalizado durante los últimos cincuenta años, por una parte, la gestión de la ciencia, y por otra, los medios de comunicación.
La oligarquía venezolana dueña de los medios de comunicación y sus protegidos mediáticos dentro de elites científicas, más allá de toda ética posible, ataca sin tregua, salvajemente y en manada, a todo aquel que se oponga, critique u opine contra su poder descomunal.
Ello lo hemos padecido la mayoría de los venezolanos “de segunda” (no propietarios de medios de comunicación ni protegidos por los mismos) en todas las salsas y modos posibles: lo vimos cuando partieron la pantalla en dos para realizar un golpe; cuando auparon y celebraron la paralización de PDVSA; cuando hicieron fiesta mediática con la toma de la Plaza Altamira; cuando lloraron a carcajadas el final de la concesión de RCTV; cuando elevaron al rango de mártires de la oposición a corruptos de trayectoria; y ahora lo vemos cuando defienden descaradamente a esos pocos científicos que, escudándose en su “oposicionismo” al gobierno, irrespetan en instituciones como el IDEA o el IVIC las leyes laborales y la deontología mínima de todo investigador.
Entre abril y junio de 2009 más de una treintena de falaces artículos, entrevistas y otros comunicados nacionales e internacionales han salido a la luz pública, atacando desde todos los frentes la gestión en Ciencia y Tecnología del Gobierno Bolivariano.
Gestión que a partir de 1999 le ha dado al país un verdadero Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, amparado en la creación de un Ministerio y todo lo que ello conlleva en términos de institucionalidad; una Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI) con todos sus aportes desde el sector privado; inversiones que pasaron del 0,39% del PIB en 1999 a 2.9% en el 2008; gestión que aumentó el número de investigadores certificados de 1700 en 1998 a casi 7000 en el 2008; que envío un satélite de telecomunicaciones al espacio; que produjo el 85% del total de semillas certificadas de caraotas y frijoles; que instauró la Misión Ciencia como fuente millonaria de inversiones científicas; que incrementó la inversión en estudiantes de 669.109 en 1998 a 2.260.221 para el 2008; que creó e instaló en todo el país 653 Infocentros; que alfabetizó tecnológicamente a 451.981 ciudadanos en 2000 comunidades a nivel nacional; que aumentó las visitas a los Infocentros de 1 millón en el 2001 a más de 9 millones por año en el 2008…
Sí. Vivimos en una dictadura, una peligrosa, cotidiana y violenta dictadura de aquellos que nos obligan a escuchar lo que ellos quieren que escuchemos, a ver los que ellos quieren que veamos, a sentir lo que ellos quieren que sintamos. Y si la realidad se opone a ellos, peor para la realidad.
En los últimos tiempos una singular simbiosis se ha venido dando entre un grupúsculo oligopólico de científicos reaccionarios y las empresas privadas de comunicación. Alianza que, no cabe duda es histórica, y se devela como nunca antes de frente el pavor, por parte de las aristocracias científicas de nuestro país, a que se toquen esos privilegios que en el pasado los catapultaban como ciudadanos más importantes que otros.
Se trata de algunos venezolanos que se piensan ciudadanos al cuadrado y que desgraciadamente han monopolizado y capitalizado durante los últimos cincuenta años, por una parte, la gestión de la ciencia, y por otra, los medios de comunicación.
La oligarquía venezolana dueña de los medios de comunicación y sus protegidos mediáticos dentro de elites científicas, más allá de toda ética posible, ataca sin tregua, salvajemente y en manada, a todo aquel que se oponga, critique u opine contra su poder descomunal.
Ello lo hemos padecido la mayoría de los venezolanos “de segunda” (no propietarios de medios de comunicación ni protegidos por los mismos) en todas las salsas y modos posibles: lo vimos cuando partieron la pantalla en dos para realizar un golpe; cuando auparon y celebraron la paralización de PDVSA; cuando hicieron fiesta mediática con la toma de la Plaza Altamira; cuando lloraron a carcajadas el final de la concesión de RCTV; cuando elevaron al rango de mártires de la oposición a corruptos de trayectoria; y ahora lo vemos cuando defienden descaradamente a esos pocos científicos que, escudándose en su “oposicionismo” al gobierno, irrespetan en instituciones como el IDEA o el IVIC las leyes laborales y la deontología mínima de todo investigador.
Entre abril y junio de 2009 más de una treintena de falaces artículos, entrevistas y otros comunicados nacionales e internacionales han salido a la luz pública, atacando desde todos los frentes la gestión en Ciencia y Tecnología del Gobierno Bolivariano.
Gestión que a partir de 1999 le ha dado al país un verdadero Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología, amparado en la creación de un Ministerio y todo lo que ello conlleva en términos de institucionalidad; una Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología (LOCTI) con todos sus aportes desde el sector privado; inversiones que pasaron del 0,39% del PIB en 1999 a 2.9% en el 2008; gestión que aumentó el número de investigadores certificados de 1700 en 1998 a casi 7000 en el 2008; que envío un satélite de telecomunicaciones al espacio; que produjo el 85% del total de semillas certificadas de caraotas y frijoles; que instauró la Misión Ciencia como fuente millonaria de inversiones científicas; que incrementó la inversión en estudiantes de 669.109 en 1998 a 2.260.221 para el 2008; que creó e instaló en todo el país 653 Infocentros; que alfabetizó tecnológicamente a 451.981 ciudadanos en 2000 comunidades a nivel nacional; que aumentó las visitas a los Infocentros de 1 millón en el 2001 a más de 9 millones por año en el 2008…
Sí. Vivimos en una dictadura, una peligrosa, cotidiana y violenta dictadura de aquellos que nos obligan a escuchar lo que ellos quieren que escuchemos, a ver los que ellos quieren que veamos, a sentir lo que ellos quieren que sintamos. Y si la realidad se opone a ellos, peor para la realidad.